[Analisis] El Estado policial español 2.0

¿Financiaría Netflix una serie en la que empresas señaladas por casos de corrupción, como Gespol, gestionan los servicios informáticos de la policía local de decenas de comisarías de España? ¿Y si esta misma u otras empresas estuvieran desarrollando, con dinero público, herramientas de policía predictiva, que luego venden a otras administraciones públicas? No es ninguna distopía, algunas firmas especializadas en estos campos tienen acceso privilegiado a decenas de miles de datos privados, sin que ningún organismo, local, regional, o estatal la audite, porque sencillamente carecemos de los instrumentos necesarios para ello.

Bienvenidos al universo “Eurocop Security Systems, S.L.”, una castiza empresa que desde el municipio del Escorial trata de erigir el Palantir español a costa del erario público, sin un solo mecanismo que controle el resultado de las predicción de cajas negras que todas financiamos, pero a cuyo código no podemos acceder. Así lo atestiguan los más de 100 contratos por valor de 5.4 millones de euros con medio centenar de ayuntamientos y 7 comunidades autónomas y diputaciones españolas en la última década, extraídos de la plataforma de contratación del Estado y distintos boletines regionales, como Madrid, Valencia, Euskal Herria o Galicia. Por ponerlo en contexto: esta empresa facturó 3,7 millones de euros en 2017, casi el doble que en los dos ejercicios anteriores, aunque un tercio menos que en 2019.

Mantener las relaciones de producción capitalistas intactas siempre ha requerido, como señalaba Friedrich Engels, el uso reiterado y constante de la fuerza del Estado. Dado el actual momento de crisis del sistema, el aparato policial necesita ser movilizado por parte de la clase gobernante para mantener el orden. No obstante, como señalaba el general de Marx, este ejercicio es altamente costoso, dado que implica desplegar a los cuerpos de seguridad para provocar el amedrentamiento ciudadano e imponer la voluntad de los capitalistas, siempre preocupados porque los disturbios pongan en peligro sus ganancias a largo plazo. ¿Cómo aumentar la eficiencia en la represión policial y hacerlo a un precio mucho más bajo?. La respuesta de los leviatanes de Silicon Valley ha sido ofrecer tecnologías y algoritmos de vigilancia, como por ejemplo Amazon Ring, un software que utilizan más de 1.300 agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos.

Pudiera creerse que en este negocio, extremadamente lucrativo, sólo pueden verse nombres como el de la empresa que ofrece la película Minority Report a través de Amazon Prime, pero no es así. La historia de Eurocop es la historia de la lenta pero inexorable penetración del poder privado en el sector público del Estado. De acuerdo a la propia empresa, “ofrecemos las mejores y más avanzadas soluciones y servicios que permiten a los Cuerpos de Seguridad, interpretar las múltiples dinámicas sociales, que confluyen en su territorio y perturban la convivencia y seguridad ciudadana. Nuestras herramientas tecnológicas son capaces de aumentar la capacidad predictiva, preventiva y operativa de los cuerpos y fuerzas de seguridad”. Por el momento, Eurocop ha comenzado a testear sistemas de tecnología predictiva con ayuntamientos con los que goza de buena relación, como el de Rivas. Dada la enorme penetración de la empresa en el Estado español, ¿cuántos proyectos de este tipo vendrán en el futuro?

Si esta firma, señalada por Algorithm Watch debido a sus prácticas de tecnología predictiva, ha gozado de una ingente transferencia de dinero público para diseñar softwares de gestión policial que luego vendería a las administraciones públicas, ello es porque en el camino ha publicitado este lucrativo negocio como si de una actividad social se tratase. La compañía ha establecido la “Cátedra  Eurocop”, según reza en su web, surgida “a iniciativa de la Universidad Jaume I de Castellón y la Policía Local y Ayuntamiento de Castellón”. Este espacio de “investigación” dirigido por una corporación privada, pero enquistado en el seno de una institución pública, aspira al “beneficio social” y a resolver “las necesidades que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en cuanto a contar con las más avanzadas herramientas tecnológicas para predecir y prevenir el delitos, infracciones, faltas, actos incívicos, etc».

El proyecto no corre a cargo de Eurocop, sino que está financiado por los impuestos de los valencianos, tal y como atestiguan las propias convocatorias de empleo de dicha universidad, o los contratos suscritos entre la administración del Partido Popular en Castellón en el 2014 y la Universidad Jaume I. Estos cerca de 17.410 euros se han entregado de manera aparentemente anual, incluido en 2020, para lo que la Generalitat Valenciana denomina “la investigación en emergencias.” Como ha señalado El Mundo en distintos artículos que ensalzan al cuerpo de la loi, el Miembro de la Policía Local de Castellón desde 1985, José Luis Carque, también fue nombrado intendente general jefe en 2004. Este personaje compagina sus funciones de comisario principal con ser profesor asociado del Departamento de Derecho Público de la UJI, a la vez que subdirector de la Cátedra Eurocop de Prevención y Predicción del Delito de Eurocop.

La compañía ha tenido oportunidad de ir perfeccionando y entrenando sus sistemas de vigilancia computarizada sin el consentimiento de la ciudadanía (yendo con ello contra el criterio de la UE y de la Agencia Española de Protección de Datos). Por ejemplo, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana formalizó en 2016 la contratación a Eurocop Security Systems del equipamiento integral de la sala del centro de atención de emergencias del Área de Seguridad y Emergencias por una cuantía de 572.861 euros en dos contratos (uno de ellos, menor) y tres lotes. En uno de estos puede leerse “Suministro, instalación y puesta en servicio de un nuevo equipamiento de Cámaras de Seguridad CCTV con Análisis de Video en diferentes sedes municipales con conexión a la Sala Cecop del Área de Seguridad Pública y Emergencias”.

Huelga señalar que, según estudios etnográficos recientes sobre el uso de este tipo de cámaras en las salas de Brasil, el objetivo es alcanzar el control social en espacios urbanos y legitimar la vigilancia sobre los ciudadanos. De hecho, este sistema de vigilancia, compuesto por una cámara para cada 20 residentes, también se ha implantando en India tras la epidemia del Covid-19 con el fin de asegurar que los ciudadanos llevaran mascarilla. Ahora, el 95% de los residentes de la ciudad la usa cuando salen de sus hogares debido a la capacidad de la policía para llevar a la comisaría a quienes incumplan la normativa.

La polémica en Castellón ha llegado hace solo poco años atrás, aunque por motivos bastante diferentes a los que señalan los estudios, cuando el Ayuntamiento volvió a adjudicar a Eurocop un contrato de 512.000 euros para desarrollar una máquina procesadora de datos para la plataforma informática integral para los Servicios de Seguridad del Ayuntamiento que iba a ser financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En palabras del concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón tras desestimarse judicialmente esta compra, “al parecer todo estaba pensado para acabar contratando siempre a la misma empresa y que la cuantía depositada por el Ayuntamiento fuera la máxima posible”.

Por otro lado, en las instancias de la Diputación de Alicante también hubo un proceso que -a falta de pruebas judiciales- podría denominarse como convulso, el cual terminó adjudicando un contrato de 920.000 euros para el suministro e implantación de un aplicación informática de gestión policial, destinada a los ayuntamientos adheridos a la Central de Contratación de la Diputación Provincial, con un desglose de precios pormenorizado del costo para instalar estos sistemas policiales en todas y cada una de las comisarías de la zona. Primero, el Tribunal Administrativo Central desestimó un recurso de Eurocop que le impedía competir en la licitación porque su precio estaba por debajo del mercado. Dicha empresa recurrió esta decisión, dilatando el proceso lo suficiente como para que el Caso Enredadera estallará llevándose por delante a la principal competidora de Eurocop, la empresa Gespol, involucrada también en una presunta trama presunta trama para adjudicar contratos relacionados con la gestión de las policías locales en toda España.

A nivel aún más micro, lo cual da cuenta de la introducción en el territorio regional, Eurocop también ganó un contrato de 7.263 euros para el suministro e implantación de un sistema de gestión policial en el Muro de Alcoy en 2020. Tampoco puede olvidarse una resolución de 12 de marzo de 2008 del concejal delegado de Seguridad, Protección Civil, Tráfico y Movilidad, que pedía la modificación de la información en manos de la Agencia Española de Protección de Datos para añadir dos nuevas herramientas de trabajo de la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local de Dénia, programa de gestión de datos Eurocop y programa de grabación de llamadas telefónicas a dos teléfonos policiales. Puede resultar casual, pero es bastante metafórico que la empresa comenzara a extraer datos de los ciudadanos en los inicios de la crisis económica.

A fecha de febrero de 2011, según la propia empresa, el 80% los Cuerpos de Policía de la Comunidad de Madrid tenían instalado o habían migrado el anterior sistema a EuroCop. Gracias al avance del proyecto Apolo, entonces había más de 1.600 agentes formados en este sistema en la Academia de Policía de la región en 48 municipios. Desde entonces, se han adjudicado contratos por valor de 1.600 millones de euros por parte de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, en distintas aplicaciones para el porte y mantenimiento del sistema de gestión policial Eurocop. Ello se desprende de los datos del boletín de la Comunidad de Madrid y la plataforma de contratación del Estado.

Como señalan los distintos trabajos académicos críticos con los sistemas de policía predictiva, estos no suponen una ruptura con modelos previos, sino que son su evolución lógica. Por un lado, más que a un súbito interés político por el bienestar poblacional, su creciente implantación se debe al recorte en el gasto público, delegando funciones tradicionales del Estado, como la de vigilancia o la impartición de justicia, en compañías privadas como Eurocop. Por otro lado, acentúa el presupuesto ideológico liberal iniciado por Esperanza Aguirre en Madrid, que desvincula y descontexualiza a los crímenes del contexto socioeconómico en el que surgen, vinculando con ello estos problemas sociales a soluciones punitivistas. Finalmente perpetúa la consideración de la tecnología, como algo políticamente neutro.

Uno de los mejores ejemplos de la aplicación de estas tecnologías y el grado ideológico que las rodea es el Ayuntamiento de Rivas. De un lado, en 2017 se anunció que este municipio aumentaría su eficiencia con tecnología de Huawei, SUCCESS eLTE, la primera red privada de banda ancha que se despliega en España para usuarios de seguridad y emergencias, lo que, en palabras del jefe del Departamento de Telecomunicaciones, aprovecha “un estándar abierto como es Android para gestionar cualquier app a nivel policial como la plataforma Eurocop”.

El trasfondo ideológico de estas iniciativa puede apreciarse en las distintas presentaciones que ha encabezado Rivas de los Sistemas para la Predicción y Prevención del Delito EuroCop PredCrime (“precrimen”, en la película de Steven Spielberg), desarrollados en colaboración con la Universitat Jaume I, el Ayuntamiento de Castellón y EuroCop Security Systems. En diciembre de 2015, el Ayuntamiento de Rivas acogió la jornada sobre este “instrumento de ‘vigilancia predictiva’ que permite a la Policía Local saber de antemano dónde y cuándo es probable que se produzca un determinado tipo de delito, falta o infracción, a fin de que pueda mejorar la planificación y asignación de los próximos turnos y servicios policiales.” Técnicamente, el sistema está basado en un modelo matemático (como casi todos los softwares de ciberseguridad) que analiza, predice, y previene el delito, infracciones, “actos incívicos” y combate “la sensación de inseguridad donde se percibe”.

Si bien su policía local lo usó durante nueve meses tras los cuales lo descartaron, como señalaron a El Salto desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento, estos jolgorios han dado cuenta de los avances obtenidos por otros medios con la Plataforma Tecnológica Policial EuroCop Cubo, una versión desarrollada con herramientas abiertas con el objetivo de crear “ciudades inteligentes seguras”. Los contratos entre ambos no son públicos, pero las licitaciones oscilan en los 200.000 euros por la provisión de servicios anuales. No olvidemos que cuando Eurocorp aún era conocida como Primaria consulting, en los años 2012, introducía el concepto de “Ciudad Segura” en sus publicaciones internas para referirse a las Smart Cities.

Una revisión de los estudios especializados indica que este es el mismo término que emplea el Estado chino, en alianza con las empresas privadas de seguridad, para promocionar una campaña de “antisecesión y antiterrorismo” que utiliza inteligencia artificial, big data, conectividad inalámbrica, sistemas autónomos y robótica para evitar levantamientos en zonas conflictivas del Norte de África y Oriente Medio. Esto es, los tests con el algoritmo de la Cátedra Eurocop que la policía local de Rivas Vaciamadrid ha desarrollado en una fase primaria son la forma de probar con mecanismos de control social similares al crédito social chino que el país ha extendido a lo largo de las regiones que componen la Ruta de la Seda Digital. Evidentemente, el proyecto entre Rivas y Huawei está lejos de la ambición de este tipo de iniciativas comerciales, pero da cuenta de los planes de gobernanza algorítmica que pueden desplegarse mediante las colaboraciones entre empresas privadas y cuerpos de seguridad.

La empresa Eurocop ha crecido al calor del dinero público proporcionando sistemas de software y soluciones de automatización, destinadas a “aumentar la eficacia y productividad de los servicios de policía”. Desde sus relativamente modestos orígenes, se ha abierto paso hasta estar presentes en los cuerpos de policía de los territorios administrados por el Estado español.  En A Coruña, por ejemplo, aunque sólo hayan adjudicado 123.977 euros en contratos, las horas dedicadas a la formación interna de policías ascendía a 196 de un total de 422 sólo en 2018. En total, 97 asistentes de policía aprendiendo el trabajo administrativo de los softwares de vigilancia.

Tampoco es ningún secreto que esta empresa ha comenzado a desarrollar e integrar un conjunto de soluciones biométricas a fin de ofrecer una solución específica para las funciones habituales de los cuerpos de policía, cuyos funcionarios comenzarán a tener acceso a soluciones biométricas entre las que se encuentran los sistema de reconocimiento de personas basado en el análisis de la forma de andar; huellas dactilares; sistema de Reconocimiento de iris; sistema de reconocimiento de voz; sistema de Reconocimiento de objetos; sistema de reconocimiento de la mano. No mucho menos puede obviarse que estos avances tecnológicos tienen lugar en el contexto de una intensificación de la violencia policial.

¿A qué datos comprometidos y privados puede tener acceso una compañía que presta y gestiona la infraestructura digital crítica de las agencias de policía? ¿No tienen los ciudadanos derecho a conocer el interior de estas cajas negras? ¿Queremos que una corporación privada esté en posición de ofrecer “una solución que cubre la gestión integral de la policía, tanto en el aspecto operacional (automatizando todas sus tareas operativas, administrativas, judiciales, etc., desde cualquier lugar y momento), como en el aspecto táctico y estratégico a fin de lograr la máxima eficacia en la labor policial”? ¿Queremos que esto se haga, como recientemente ha sucedido en el caso de Tudela, con fondos europeos destinados al desarrollo regional? ¿A este solucionismo punitivista destinarán nuestros líderes el presupuesto para la recuperación de la pandemia?